
Hasta el 2010, los trabajadores autónomos estaban desprotegidos en el caso de tener que echar el cierre a su negocio, ya que no tenían ninguna prestación similar a la de desempleo de la que gozan los trabajadores por cuenta ajena, lo que suponía que tenían que hacer frente a dicha situación sin ninguna ayuda económica extra.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 32/2010, de 5 de agosto se puso en marcha la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, que permite a estos trabajadores percibir la misma durante 12 meses y por un importe del 70% de la base reguladora.















